El texto que sigue es una reflexión acerca de la situación que enfrenta la ciudad luego de la derogación de la ordenanza que limitaba construcciones en altura.
EL INTENDENTE ENTREGÓ LA CIUDAD Y SU DESARROLLO A LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA
Un código de planificación urbana propone el modelo de ciudad en la que vamos a vivir, el modelo de uso del espacio público, del privado, o sea si se va a sobre exprimir el suelo para sacarle mas rentas, o si vamos a pensar ese espacio en relación con los demás vecinos.
Como es un tema muy complejo y hace a cómo una ciudad va evolucionando hacia su futuro, siempre suponiendo que todos buscamos el bien común, los códigos de edificación se elaboran con mucha participación ciudadana: los sectores económicos, los sectores sociales, los protagonistas de la ciudad, los colegios profesionales de arquitectura e ingeniería y urbanistas. Los municipios recurren a urbanistas profesionales que se hayan especializado en interpretar las vocaciones que puede haber en una ciudad hacia su futuro, para que las transformen en reglas y criterios. Esas son las normas que luego votará el Concejo Deliberante que establecen el rumbo edilicio, inmobiliario de una ciudad.
¿Cuál era el Código vigente en San Fernando hasta la derogación en la sesión del Honorable Concejo Deliberante del 17 de noviembre?
Hasta diciembre del 2009, el código vigente era el redactado en el año 1.991. Es decir, que tenía 20 años de antigüedad. Si nos preguntamos por qué recién en el 2009 se modificó un código hecho en el ’91, tenemos que tener en claro que ese código legislaba para el San Fernando del cual se podía hablar en cuanto a los aspectos urbanísticos y constructivos, que era el de el casco histórico y de Victoria. Una ciudad concentrada en los servicios, no nos olvidemos que en esa época solo el 25% de la población de la ciudad contaba con agua corriente y cloacas y concentraba su actividad entre las vías del tren Mitre y el Río. Sobre ese sector se hizo el código urbano y algo de Virreyes, de desarrollo de viviendas unifamiliares donde se mezclaron a través del tiempo, actividades industriales, como en Carupá.
Por supuesto, ¿qué otra cosa se le podía a pedir a ese Código? No podía legislar sobre un San Fernando sin pavimento y sin servicios. No podía plantearse que la inversión inmobiliaria estuviera en las áreas del Oeste también, porque no había servicios. A medida que se iba avanzando en la extensión de la red de servicios, desde el Municipio empezamos a ver que era necesario actualizar el código, porque habían cambiado las condiciones de uso del suelo y las necesidades de la población en el oeste de San Fernando.
En el año 2009 Virreyes estaba en las mismas condiciones de infraestructura que el casco de San Fernando y la localidad de Victoria.
En el año 2007 se empezó a trabajar en ese código que se plasma con la ordenanza 10.070 del año 2009. Lo elaboraron todos los concejales, agentes sociales, los sectores inmobiliarios, industriales, sociedades de fomento, referentes barriales, colegios profesionales y urbanistas de primer nivel que conocen las problemáticas del conurbano a los que se los convocó para trabajar este tema.
El objetivo del nuevo Código que se implementó en el año 2009 era, primero y principal, que el Estado, el Municipio con la participación de todos estos actores, fuera el que regulara el uso del suelo. El que planificara la ciudad y ordenara las inversiones. El que determinara cuáles eran los ejes o centralidades a priorizar tanto con inversión pública como privada. Esta fue una mirada nueva, luego de tantos años de neoliberalismo, donde cada uno hacia más o menos lo que quería, ya que eso también está reflejado en el Código del año 91.
El criterio era reequilibrar la ciudad. Hacer que también Virreyes, que ya tenía pavimento, agua, cloacas, pudiese crecer en densidad de población y en servicios. La forma de hacerlo era terminar con la especulación inmobiliaria, que veíamos en el casco y en Victoria, donde se juntaban dos terrenos y se levantaba un edificio alto, con habitaciones pequeñas para meter mucha gente.
Creíamos que había que emparejar la ciudad y que los servicios para el ciudadano tenían que estar distribuidos en toda la ciudad y no solo en un sector, porque cuando se concentra, lo único que se logra es aumentar los precios de ese sector.
Así vimos los disparates en precios que se empezaban a pagar en Victoria y en el casco, por un departamento chiquito. Al contar en Virreyes con la infraestructura necesaria, el nuevo código planteaba densificar la ciudad. Por supuesto, para esto había que limitar las alturas de los edificios que se podían construir en el casco y en Victoria. También, establecer un tamaño de habitaciones, que pusiese límite a la especulación inmobiliaria de en pocos metros cuadrados, meter mucha gente y por lo tanto poner precios más altos.Ahora, desde el oficialismo se argumenta que el Código del 2009 no está convalidado, mientras que ese código fue aprobado en noviembre del 2009 y en febrero se llevó a las dependencias del gobierno provincial, que son los que lo convalidan, mediante un decreto del Gobernador.
Esta convalidación es al solo efecto de verificar si alguna de las normas de los códigos de los municipios se opone o son contrarias a la ley Nº 8.912. Pero mientras no se cuestione la ordenanza, es un trámite administrativo, burocrático, donde se pide más documentación o más análisis. De hecho, hay varios municipios como San Miguel o Tigre que no han terminado este trámite por el que se consigue el decreto de convalidación del código, y sin embargo aplican igual el Código, porque a veces hay hasta cuestiones de interpretación que son necesarias aclarar entre los urbanistas. En San Fernando el trámite de convalidación se inició y el Intendente actual impide que continúe, “cajoneando” el expediente.
Luego nos encontramos en una sesión del Concejo Deliberante con un proyecto de ordenanza que dice que se puede construir con las alturas vigentes en el Código de 1991, sin limitaciones. Además, se dice que el único código valido en San Fernando es el del año ’91 y que todo lo hecho en los últimos 3 o 4 años, en cuanto a planificación urbanística, no sirve para nada. Esto no es nuevo, ya que en abril de este año, un grupo de profesionales gestores de todas las excepciones a cualquier código, plantearon mediante un expediente que había que volver al Código de 1991, expediente que fue rechazado, dada la poca seriedad profesional que tenía.
El Secretario de Obras Públicas, Gastón D’Aquino, miente cuando dice que la Provincia rechazó el código del 2009 porque en realidad no sabe de lo que habla: nunca se dedicó a la profesión, es sabido que no forma parte de los profesionales que pueden exhibir en su currículum obras significativas en cuanto a diseño y mucho menos en urbanismo, todos lo conocemos por su relación con la actividad inmobiliaria de compra/venta de propiedades. Esto que dice es mentira, porque no sólo no fue rechazado sino que existe un informe de enero del 2011 que habla muy bien del código pero aclara que falta mayor documentación.
Ese dictamen de la Provincia está en posesión de D’Aquino y Barbieri desde junio de este año, cuando fuimos a reclamar al Ministerio de Gobierno que envíen al Municipio los elementos que faltaban para convalidar el código del 2009. Y ese dictamen vino en junio del 2011 y desde esa fecha el Intendente y los dos arquitectos cajonearon el expediente. D’Aquino dice que no conoce el Código aprobado en el año 2009 y puede ser, porque no lo sabe leer.
Asimismo, dice que “se han cercenado derechos” de los particulares, pero no hubo ningún juicio al municipio de parte de particulares que hayan sido perjudicados por el nuevo código. Entonces supongo que los derechos que fueron cercenados deben ser los de los especuladores, que quieren seguir densificando el casco de San Fernando solamente por el interés económico de los propietarios de tierras, de casas viejas, que seguramente son conocidos por las familias Andreotti y Aparicio.
Hoy vemos que Andreotti ha tomado como bandera propia lo que propone el sector inmobiliario, la especulación de ese sector, por eso les da la norma que necesitan para seguir especulando con las casas viejas del casco y de Victoria, para demolerlas y para construir con el Código del ’91, haciendo departamentos más chicos en edificios mas altos, para meter mucha gente. Con esas facilidades en las zonas con más desarrollo, nadie va a ir a construir a Virreyes.
El Subsecretario de Obras Públicas, Eduardo Barbieri, es el autor de los proyectos de torres que hay en Tigre y que inclusive Massa derogó apenas asumió en 2008 y puso límite a todas las torres y “negocios” que había autorizado Barbieri. Ahora dice que la inversión inmobiliaria se va a trasladar al oeste de la ciudad cuando estén las condiciones de infraestructura necesarias para el desarrollo de ese sector, eso demuestra que este señor no conoce ni la zona, ni de planeamiento urbano ya que es sabido que, como producto de la función que cumplió en San Fernando el Peronismo, que es la de buscar mejorar la calidad de vida de los vecinos, hoy Virreyes cuenta con todos los servicios.
Entonces uno se puede preguntar, ¿para qué cambiar la ordenanza si con el código nuevo íbamos a tener una ciudad más equilibrada, sin comprometer la provisión de agua y cloacas? El Concejal Leandro Ipuche dijo en esa sesión del HCD que “el Municipio”, o sea el Intendente y su equipo de asesores inmobiliarios, “tienen que garantizarle rentabilidad a la inversión inmobiliaria”.
O sea, hemos pasado de un Municipio que tiene que velar por la calidad de vida de todos sus ciudadanos, para un crecimiento armónico de la ciudad, a un municipio donde el Intendente y sus funcionarios le tienen que garantizar la rentabilidad a la inversión inmobiliaria, permitiendo que desarrollen las construcciones que deseen. Por eso se vuelve al código del ’91, instrumentado por personajes negativos para el futuro de San Fernando, como son D’Aquino y Barbieri, porque ellos van a hacer su negocio, se van a ir de la función y todas estas cuestiones las van a tener que sufrir las próximas generaciones.
La propuesta para derogar el Código del año 2009 no fue fundamentada por ningún respaldo técnico ni se incorporó ningún estudio, como sí se hizo para confeccionar el del año 2009. Tampoco tiene la opinión del Departamento Ejecutivo. Esto fue elaborado por Barbieri y presentado por los Concejales del oficialismo. Cuando desde nuestro bloque pedimos ver los estudios que ameritaban un cambio de estrategia en la planificación urbanística, no los recibimos porque, además, no existen.
Entonces, fuimos a ver la campaña del Intendente, para ver si esta propuesta estaba en la plataforma que votaron los vecinos, o en su discurso de asunción, pero tampoco lo encontramos. En ningún momento Andreotti planteó, durante su campaña, que el código de planeamiento urbano fuese un problema a resolver como objetivo de su gestión. De hecho, dijo que iba a “hacer lo que falta y respetar lo que está bien”.
Entonces, ¿de quién es esta propuesta que traerá serios problemas de convivencia y hacinamiento en San Fernando?: Es la de un partido político que no tiene tradición ni inserción, una agrupación vecinal, que en realidad es una familia, la familia Andreotti - Aparicio, que como expresión política no tiene futuro en la ciudad.
Esa agrupación vecinalista se ha transformado en una organización inmobiliaria, con la asistencia técnica de D’Aquino y Barbieri para permitir que los inversores inmobiliarios tengan la rentabilidad que exigen. El resto de los ciudadanos van a tener que pagar el costo de estas políticas, ya que se van a concentrar las construcciones en el casco de San Fernando y en Victoria y el oeste, que es donde vive el %70 de la población, no va a tener la posibilidad de un crecimiento organizado y responsable.
Al eliminar la vigencia del código del 2009 volvemos a un San Fernando de hace 20 años atrás, como cuando en Virreyes no estaba disponible la red de servicios o pavimento.
Evidentemente se trata de una alianza política y económica con inversores inmobiliarios que deja la planificación de una ciudad en manos del mercado, ejercicio pleno del liberalismo más exacerbado y retrógrado. Porque si bien debe ser una preocupación para una gestión la rentabilidad de los sectores inmobiliarios, el Estado debe pactar con estos sectores reteniendo el poder de determinar el planeamiento de una ciudad. Volviendo al código del año 91 se le da a este sector económico toda la autoridad para disponer de la ciudad y se prevé volver a hacer excepciones al código de ese año, mediante un artículo que habilita los pedidos de excepción.A nivel de política pública referida al acceso de la población a la vivienda y expresamente de los sectores medios, ¿qué significa esta política que instrumentan Andreotti y Aparicio? Va totalmente a contramano de lo que sucede en la Provincia y la Nación.
Mientras la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner pone a disposición recursos a través del plan Procrear, para que los sectores medios de la población accedan a la vivienda propia, sin permitir que esto esté en manos del mercado, sino que interviene el Estado directamente, en San Fernando están diciendo “Acá manda el mercado”. Mientras que en la Provincia se aprobó la Ley de Hábitat, clave para facilitar el acceso a la vivienda para los sectores populares, acá se está diciendo que en San Fernando los que mandan son el mercado y la familia Andreotti- Aparicio.
Las consecuencias que pueden esperar los vecinos son: la construcción de edificios en altura, conventillos legales, sobreexplotación del suelo en beneficio de muy poquitos, mala calidad de vida para la mayoría, porque va a haber una segregación territorial, se va a profundizar el vivir de un lado u otro de las vías del tren, que se traduce en mayor segregación para los que vivimos del otro lado.Desde la gestión Andreotti dicen que esto se va a solucionar cuando los túneles estén terminados, pero no es así porque van a servir para llegar más rápido al Acceso Norte y no para llegar más rápido a las calles 28, ya que en el Oeste no habrá nada nuevo que ver. Lo único que estamos logrando es densificar una zona que ya estaba abarrotada lo que implica mala calidad de vida para toda la ciudad. En ese sentido el día en el que se votó esta Ordenanza y los días que vienen son malos días para San Fernando.
El poder político que es, junto con los sectores sociales, quien tiene que planificar la ciudad, ya que para eso fue elegido, entregó la planificación, organización y regulación del suelo a la especulación inmobiliaria y esto lo vamos a pagar todos.
Lic. Ramón Alberto EstebanConcejal Frente para la Victoria
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